Natalio Alberto Nisman (Buenos Aires, 5 de diciembre de 1963 ‑ Buenos Aires, 18 de enero de 2015),[1]
conocido como Alberto Nisman, fue un abogado penalista argentino que alcanzó notoriedad por su intervención como fiscal en las causas vinculadas al atentado a la AMIA (AMIA 1, AMIA 2, Causa por espionaje en la Ciudad de Buenos Aires) y como denunciante en la causa sobre Memorándum de entendimiento Argentina-Irán y amenazas de muerte contra él y sus hijas por parte del juez Claudio Bonadío, también vinculadas al atentado terrorista contra la AMIA.[3]
En dichas causas Nisman imputó o acusó directamente al gobierno de Irán, a tres personas que se desempeñaron como presidentes de la Nación (Carlos Menem, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri)[4]
al juez de la causa AMIA (Claudio Bonadío), así como otros altos funcionarios del Estado, el Poder Judicial, los servicios secretos, organizaciones judías y funcionarios iraníes, algunos de los cuales resultaron condenados en el juicio AMIA 2.[5][6]
El domingo 18 de enero de 2015 Nisman fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza, en su departamento del edificio Torre Boulevard del complejo torres Le Parc, en el barrio porteño de Puerto Madero donde vivía.[7][8][9][10]
El disparo fue realizado con una pistola de propiedad del especialista informático bajo su mando Diego Lagomarsino, quien declaró habérsela entregado en su departamento pocas horas antes de morir. Inmediatamente se inició una investigación para determinar la causa de la muerte,[11]
en la cual se produjeron pericias que arrojan conclusiones contradictorias. En 2015 el Cuerpo Médico de la Corte Suprema informó que no encontró indicios que confirmaran la hipótesis del homicidio.[12]
En 2017, Gendarmería Nacional realizó una nueva pericia sosteniendo que fue asesinado en el baño por dos hombres que previamente lo golpearon y drogaron.[12][13]
En 2017 la justicia de investigación consideró que, prima facie, Lagomarsino tenía responsabilidad en la muerte de Nisman y decretó su procesamiento. En 2018, la Cámara Criminal y Correccional Federal, aún sin que se abriera a juicio el hecho, sostuvo que se trató de un asesinato,[14][15]
y afirmó que el motivo del mismo fue la denuncia que hizo el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal AMIA contra Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios de su gobierno.[16][17]
En 2019, aún antes de concluir la investigación y sin que se elevara la causa a juicio, la justicia afirmó haber probado ―también prima facie― que fue asesinado de un disparo en la cabeza.[18][19]
Hacia febrero de 2025, a diez años de su muerte, la justicia aún no había cerrado la investigación ni había iniciado el juicio contra los procesados (Lagomarsino y tres custodios), para establecer la verdad.
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